PRESENTAN PROYECTO LEY PARA ELEVAR INDEMNIZACIONES POR DESPIDO LABORAL ARBITRARIO

Carlos Blancas, en la presentación del Informe Técnico sobre el Proyecto de la Ley General del Trabajo (LGT) al ministro de Trabajo, José Villena, reconoció que el Ejecutivo podría flexibilizar algunos beneficios cuando se reglamente la Ley General del Trabajo.

Sin embargo, dijo, existe un impedimento constitucional que los reglamentos no pueden transgredir: desnaturalizar una ley. Además en estos casos existen mecanismos de corrección legal para anular este tipo de reglamentos. “Hipotéticamente, sí puede suceder, pero esperemos que no ocurra”, aseveró.

El presidente de la comisión de expertos anunció que con el cambio que se está proponiendo en el proyecto de la Ley General del Trabajo las indemnizaciones por despido arbitrario se estarían elevando de 12 remuneraciones como máximo a 18.

Como se sabe, ahora por cada año de servicio acumulado el trabajador despedido arbitrariamente recibe un sueldo y medio por año, con el tope de 12 sueldos. El proyecto de laLGT mantendrá el tramo de los primeros 8 años, pero adiciona 4 años en los que el trabajador recibiría un sueldo, y 4 años más en los que recibiría medio sueldo, elevando el tope a 18 sueldos.

Por su parte, Villena informó que el próximo 26 de enero cumplirá con la formalidad de entregar al CNT el Proyecto de la LGT, que tiene más de 400 artículos en donde se abordan los temas de intermediación laboral, services, incorporación de lineamientos del Tribunal Constitucional, libertad sindical, nivel de las negociaciones colectivas, respeto y protección de los derechos fundamentales del trabajador. El ministro invocó a las instancias involucradas en la discusión o debate del proyecto a que no demoren su aprobación.

INVERSIÓN MINERA FAVORABLE ENTRE ENERO Y NOVIEMBRE DEL 2011

Las inversiones en minería en Perú ascendieron a 6,075 millones de dólares entre enero y noviembre del 2011, 71.9 por ciento más respecto al mismo período del 2010, cuando sumaron 3,534 millones, reportó hoy el Ministerio de Energía y Minas (MEM).

De dicho monto se destinó 1,154 millones de dólares a la ejecución de obras de infraestructura, 960 millones al equipamiento de plantas de beneficio y 760 millones a la labor de explotación minera.
Asimismo, se ejecutó 753 millones de dólares en actividades de exploración que se realizan tanto para comprobar la existencia del recurso como para determinar el potencial de un yacimiento, de 712 millones en equipamiento minero en general, de 697 millones en trabajos de preparación y de 1,038 millones en el rubro otros.
Por la ubicación que tienen los depósitos mineros metálicos a lo largo de la cordillera de los Andes, a 2,000 y 3,000 metros de altura, la inversión en esta actividad se ha dado en forma descentralizada, beneficiando a un total de 22 regiones.
En este sentido, la región Cajamarca ocupa el primer lugar al haber captado 1,156 millones de dólares de inversión en dicho período, el 19.03 por ciento del total invertido en el país en este rubro.
Le sigue la región Junín con una inversión de 812 millones de dólares (13.36 por ciento del total), Ancash con 711 millones (11.70 por ciento), Apurímac con 688 millones (11.33 por ciento), Cusco con 625 millones (10.29 por ciento), Arequipa con 434 millones, La Libertad con 313 millones, Pasco con 285 millones y Lima con 243 millones.
Por empresas, las que más invirtieron son Minera Yanacocha con 902 millones de dólares (249 por ciento más), Xstrata Tintaya con 623 millones (28.5 por ciento), Minera Chinalco Perú con 622 millones y Xstrata Las Bambas con 616 millones.
La Compañía Minera Antamina continuó con las obras de su programa de expansión por un monto de 559 millones de dólares, mientras que la Sociedad Minera Cerro Verde invirtió 172 millones en dicho período.

OSINERGMIN BUSCA RETOMAR LA SUPERVISIÓN DE EMPRESAS MINERAS

El presidente del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), Alfredo Dammert, sostuvo hoy que se les debe restituir las funciones de fiscalización de seguridad en las mineras, actualmente a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

Durante el gobierno anterior, el Congreso de la República aprobó una ley por la cual el Osinergmin traspasó sus funciones de supervisor en temas de salud y seguridad laboral minera al MTPE.
Según Dammert, el MTPE considera que esta ley debe perfeccionarse porque como ministerio no le corresponde la seguridad de toda la actividad minera sino sólo la del trabajador, en lo que respecta a su entrenamiento y preparación para laborar en la mina.
Afirmó que la seguridad física en las minas, que corresponde a la estructura interna de las minas de socavón, la ventilación y la estabilidad de las presas de relaves, no puede llevarlas a cabo el MTPE.
“El mismo MTPE señaló que no tiene, al menos hasta ahora, el grupo humano ni la orientación, ni las funciones para supervisar la parte técnica y física de la seguridad en las minas pues dice que sólo les corresponde la seguridad propia del trabajador”, expresó.
Por ello, explicó que ya han solicitado que las funciones de supervisión de seguridad física en las minas le sean devueltas o, de lo contrario, se cree alguna institución que pueda llevar a cabo estas funciones.
“Hemos pedido que se aclare este tema y se nos devuelva la seguridad física y, si no quieren darnos a nosotros que hemos desarrollado una experiencia al respecto, que se la den a alguien que esté capacitado porque en estos momentos no hay certidumbre sobre quién está viendo la seguridad física”, recalcó.
Dammert sostuvo que desde agosto del 2011 no se lleva a cabo ninguna supervisión laboral en las minas, lo cual puede causar hechos muy lamentables.
“Si el MTPE dice que no es su función, aunque la ley se lo ha conferido, entonces que nos lo devuelva o que se cree otra institución sólida con recursos, personal capacitado y presupuesto”, insistió.
Indicó que el Poder Ejecutivo ya tomó en cuenta este problema y se han presentado en el Congreso proyectos de ley que se están debatiendo, por lo que se espera una solución en el breve plazo.
Asimismo, manifestó que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) del Ministerio del Ambiente (Minam) no cuenta con el presupuesto suficiente para llevar a cabo las funciones de supervisión ambiental, que también les fueron transferidas desde el Osinergmin.
“En el tema ambiental los técnicos del Minam están bien capacitados, pero el problema es que no tienen los recursos necesarios y hacen las fiscalizaciones que pueden. Esto no es una crítica a la institución sino al sistema”, acotó.

EL MINAM ERRADICARÁ MINERÍA ILEGAL EN FORMA MULTISECTORIAL

El ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, sostuvo hoy que la lucha contra la minería ilegal se lleva a cabo de manera articulada y multisectorial en el país, lo que permitirá definir mejor las reglas que califican los delitos relacionados a esta problemática.

Durante su presentación en el Congreso afirmó que el “trabajo en equipo” va acorde a las labores que llevará adelante el “gabinete de cohesión”, anunciadas hoy por el presidente del Consejo de Ministros, Óscar Valdés.

“Estamos trabajando en equipo en el tema de la interdicción y sobre la mejor determinación de las reglas para calificar los delitos que tienen que ver con la minería ilegal, y lo estamos haciendo con Energía y Minas, Ambiente, Justicia y demás sectores vinculados al tema”, señaló.

Consideró que las facultades delegadas por el Congreso al Ejecutivo para profundizar la lucha contra la minería ilegal permitirán al Minam incorporar  las consideraciones ambientales que se requieren para tratar este tema de “altísimo impacto”.
Sobre la protección de los bosques primarios, indicó que su sector tiene un programa de conservación de estos como estrategia de mitigación frente al cambio climático.
Dicha iniciativa busca, a través de un subsidio directo condicionado, tener un objetivo central orientado a la protección del bosque primario o del bosque nativo.
En referencia a los servicios ambientales señaló que el tema está enfocado a la protección del bosque primario.
“Lo que se trata con una norma de servicios ambientales, que trabajaremos a través del Congreso de la República, es justamente establecer un mecanismo de valoración de los recursos naturales para que reconozcamos que estos tienen un valor ecosistémico que debemos de una u otra manera compensar", indicó.

Reafirmó que los fondos de agua y mecanismos de protección del bosque nativo serán la prioridad.
Pulgar-Vidal anunció que se difundirá más sobre la labor de los órganos técnicos y científicos adscritos al Minam como el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), Instituto Geofísico del Perú (IGP) e Instituto de Investigaciones de la Amazonía del Perú (IIAP).
Con ese fin, apuntó, se han iniciado conversaciones con las referidas instituciones para, junto a otros organismos, articular un grupo técnico y científico de apoyo a las políticas públicas.
Asimismo, dijo que su sector promueve la zonificación ecológica económica (ZEE), porque es un instrumento de determinación de potencialidades que genera resultados dinámicos.
"Este documento sirve para el proceso de toma de decisiones sin otorgar derechos; por lo tanto, para nosotros es fundamental que sea un instrumento para generar entendimiento y no un instrumento que genere exclusión o rechazo”, expresó.
Respecto al tema de la solución de conflictos, indicó que el tema es visualizado "de manera integral" en el Gabinete, y se intenta, primero, enfrentar las cuestiones coyunturales de manera directa como el peritaje internacional.

“Esto va complementado con una mesa de desarrollo y una nueva visión ambiental y social en relación a la minería y, en general, a las actividades extractivas. Con estos tres elementos creemos que podemos tener una nueva mirada en relación a estas actividades”, manifestó.
Sobre la prevención de desastres, especialmente el tema sísmico, dijo que se está a punto de iniciar un proceso para instalar una red de 169 acelerómetros que permitirá medir la intensidad y tener mecanismos para la construcción de viviendas sismorresistentes.

Adelantó que se planea establecer, a futuro, un centro de contingencia sísmica en la ciudad de Huancayo, en Junín, considerando que si ocurriera un sismo de gran magnitud en Lima se requiere de un centro alternativo.