MINERÍA INFORMAL EN EL PERÚ EVADE EN IMPUESTOS 1000 MILLONES DE DÒLARES AL AÑO

La minería ilegal genera más de 1,000 millones de dólares al año que no pagan impuestos, regalías y menos aún genera canon minero en beneficio de Perú y sus regiones, afirmó hoy la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

El presidente del Comité Aurífero de la SNMPE, José Miguel Morales, precisó que de dicho monto alrededor de 750 millones de dólares están ligados a la explotación informal de oro.
Luego de inaugurar el II Foro Internacional: Problemática de la Extracción Ilegal de Minerales, organizado por la SNMPE, mencionó que la minería ilegal también se concentra en la explotación de cobre y plata.
Agregó que la SNMPE respalda las medidas y acciones que está realizando el gobierno para hacer frente a la minería ilegal, ya que se está extendiendo peligrosamente por todo el territorio nacional, ocasionando graves problemas ambientales, sociales y económicos.
“El Estado peruano no se está enfrentando a una minería de subsistencia sino a organizaciones ilícitas que financian las actividades de una minería ilegal que a su paso sólo deja destrucción pues viene arrasando bosques y contaminando ríos”, subrayó.
Precisó que en la actualidad se realizan actividades de extracción ilegal de minerales en 13 regiones, entre las cuales están Madre de Dios, Piura, La Libertad, Puno, Ica, Ancash, Cusco, Apurímac, Lima y Arequipa.
“El Estado tiene el desafío de controlar esta ilícita actividad no solo porque quebranta la ley sino con el fin de proteger la biodiversidad, el ambiente y la salud de los peruanos”, aseveró.
También estimó que más de 100 mil personas están involucradas en la minería ilegal, y mujeres y niños son sometidos a un trabajo forzoso por los promotores de la extracción ilegal de minerales.
“La minería ilegal alienta la esclavitud de miles de personas que han sido captadas por su organización, para la cual no existen leyes laborales, de seguridad social y atención médica”, recordó.
Dijo que hace algunos años se evitó la instalación de una empresa minera formal en la zona de Tambogrande (Piura) y ahora se ha convertido en un peligroso foco de minería ilegal donde operan más de 15,000 mineros informales; mientras que en Madre de Dios esta ilícita actividad ha arrasado más de 18,000 hectáreas de bosques.
Por otro lado, mencionó que la aparición de los conflictos sociales está generando una mayor atención de los ejecutivos y técnicos de las empresas mineras.
“El 75 por ciento del tiempo de los ejecutivos de una minera se centra en atender la solución de los conflictos sociales, y eso ha cambiado respecto a lo que era hace 25 años cuando el 80 por ciento del tiempo se centraba en temas de producción y el resto en asuntos sociales”, precisó.
Finalmente, manifestó que las mineras tendrán que ajustar sus costos para asumir el alza del precio de los combustibles que usan, luego que el gobierno decidió excluirlos de los subsidios que otorga el Fondo para la Estabilización del Precio de los Combustibles Derivados del Petróleo.

LA INFORMALIDAD DE LA MINERÍA, UN PROBLEMA DE INFORMACIÓN

La problemática de la Minería informal debe tratarse desde un punto de vista informativo y es que por falta de conocimiento de los beneficios que esta ofrece,se debe difundir intensamente en zonas donde la Pequeña Minería y la Minería informal se desarrolla con mas intensidad y es que un minero informal tiene la "errónea idea" de que al formalizarse pagara impuestos que al final perjudiquen su trabajo cuando la realidad es completamente contraria.

Mediante la formalización, pueden adquirir los insumos que utilizan en sus labores mineras a precio de mercado, sin tener que pagar sobreprecios como ocurre con los mineros informales que se ven obligados a comprarlos en los llamados “mercados negros”.

En realidad, los beneficios de la formalidad son diversos desde el momento que se cuenta con el respaldo de un derecho minero. Ella incentiva la inversión porque la garantía de no ser desalojado permitir invertir sin temer ningún riesgo de pérdida.

Los pequeños productores mineros y los productores mineros artesanales que actúan dentro de la formalidad cuentan con una serie de ventajas, como la de lograr acceso a crédito y financiamientos para sus actividades, ya que cuentan con un derecho minero como respaldo.

Asimismo, según una guía publicada por el Ministerio de Energía y Minas con apoyo del Proyecto de Reforma del Sector de Recursos Minerales del Perú (PERCAN)

La guía recuerda a todos que el primer paso para iniciar la formalización de actividades es inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes (RUC), que es un registro a cargo de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. (OMP)

Solamente si se cuenta con una constancia de pequeño productor minero o productor minero artesanal, se puede acceder a los beneficios que otorga la Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, como es el pago de un monto menor por derecho de vigencia, el pago de un monto menor por penalidades y el menor monto de producción mínima, señala la guía.

Explica en forma didáctica que el proceso de formalización implica el pago de trámites, estudios, pero que puede hacerse más sencillo y económico si se organiza con otros mineros que también quieran dejar de ser informales.

Si el pequeño minero informal constituye una empresa, se indica, los costos de obtención de permisos y otras obligaciones legales podrán ser distribuidos entre todos los socios. Entre otras ventajas, tendrá también mayor facilidad para acceder a créditos.

MINERÍA INFORMAL. UNA PROBLEMÁTICA QUE DEBE SER SUPERVISADA PERMANENTEMENTE

Una problemática que sin duda se viene acrecentando por la inacción de las autoridades. La deficiencia en el control por parte de los organismos supervisores carentes de medios tecnológicos adecuados para medir y controlar los indices de contaminación, a eso se suma la falta de conciencia social en materia de conservación ambiental y esto, ha generado un declive del agro, esto sin duda, podría generar un serio conflicto de intereses entre pobladores y se viene dando en las distintas regiones del país. 

Para afrontar de manera inmediata el grave problema ambiental y ecológico, el día miércoles, diversas autoridades y sociedad civil de la cuenca del río Yaután se reunirán para abordar esta problemática y adoptar acciones que ayuden a reaccionar a las autoridades competentes que no hacen nada por evitarla.

Así lo confirmó la mañana de ayer el consejero regional por la provincia de Casma, Jesús Rodríguez Fuentes quien explicó que el daño ambiental, social y ecológico que viene generando la minería informal viene afectando gravemente los cultivos del valle del río Yaután y se necesita asumir responsabilidades mancomunadas entre sociedad civil y población para evitar que continúe esta devastadora realidad.

“La cuenca del río Yaután está seriamente contaminada producto de la minería informal que están ubicadas en las partes altas. El daño es tal que antes en el valle de Yaután se cultivaban las yucas que hoy es imposible por la gravedad de la contaminación del suelo de este valle. Igual sucede con los paltos, cada vez la calidad de los mismos desciende y eso es muy grave” indicó Rodríguez Fuentes.

Explicó que dentro de su responsabilidad como consejero regional exigió la destitución del actual Director Regional de Energía y Minas por su nula actuación para impedir los daños de la minería informal, pero hasta ahora el ejecutivo regional insiste en mantenerlo en el cargo. “Luego pedí su censura en el consejo regional, pero la mayoría rechazo mi pedido” explicó.

Jesús Rodríguez indicó que este problema de fondo perjudica seriamente a los campesinos y si no hay reacción por parte del gobierno regional de Ancash para defender a los hombres del campo, se podría generar una fuerte convulsión social que llegue a mayores. “Vamos a conformar un comité de lucha en defensa de la cuenca del río Yaután y confiamos que de parte del ejecutivo regional se preocupen por esta problemática” culminó diciendo.

OPINION DEL EDITOR

Desde la aprobación de la nueva ley Nº 29785, LEY DEL DERECHO A LA CONSULTA PREVIA A LOS PUEBLOS INDÍGENAS U ORIGINARIOS,  especialmente en la parte que se refiere a los derechos de las naciones y pueblos indígena u originarios campesinos, que se refleja en la disposición constitucional, en cuanto a la Consulta, que es denominada como Previa e Informada.

Este tema, indudablemente, ha ocasionado también confusiones, por cuanto, se estipula que esas naciones y pueblos tienen derecho "A ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles.

 En este marco, se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de "buena fe y concertada", respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan".

Lo que `primero deberíamos establecer claramente lo que es la Consulta, lo que nos responde fehacientemente el texto constitucional transcrito, que enfatiza que la misma debe efectuarse "cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles".

Subrayemos medidas "susceptibles de afectarles", para arribar a una conclusión, que lógicamente puede ser debatida, que nos lleva a al medio ambiente y al hábitat en el que se desenvuelven.

Esa sería la definición. En el caso de la explotación de los recursos naturales no renovables (minería e hidrocarburos), esta Consulta es "obligatoria", pero la misma tiene un procedimiento que se debe normar en una reglamentación, y que está a cargo del Estado.

Por ejemplo: si un actor de derecho minero:una empresa, ya sea estatal, privado o cooperativa, efectúa una petición de un área en cualquier parte del país para la explotación de minerales, el Estado debe convocar a la Consulta Pública e Informada, a las Comunidades en las que se encuentren en las cuadrículas territoriales solicitadas, a fin de establecer si éstas consideran que la explotación minera afectará o no el medio ambiente y el hábitat en el que se desenvuelven.

Si de acuerdo a su opinión esos trabajos serán negativos para ellos, entonces el Estado debe solicitarles respalden sus observaciones, las mismas que las deben transmitir al interesado en el Contrato Minero, el que está obligado no a refutarlas, sino a ofrecer o garantizar la mitigación de los efectos nocivos que pudiera ocasionar, esto claro con el respaldo de el organismo de control respectivo OEFA.

El siguiente paso, es que la Comunidad o comunidades, manifiesten su acuerdo o no respecto a la propuesta señalada. Si sucede un desacuerdo, entonces tiene que llevarse una reunión conciliatoria, en la que se puedan llegar a acuerdos para llevar adelante el proyecto.

Hasta aquí vemos que la simple oposición de la comunidad o comunidades no tiene efectos vinculantes, por cuanto la misma, debidamente fundamentada en lo que se refiere a "medio ambiente y hábitat", se encuentra en discusión y en una posible negociación y garantías con el interesado en efectuar trabajos mineros.

Si en esta etapa no se llega a ningún acuerdo, es el Estado el que tiene la última palabra, el que sopesando los argumentos y las garantías de ambas partes se debe pronunciar a favor o en contra de la petición minera. Una Resolución de esa naturaleza, recién adquiere el vínculo o sea la obligatoriedad de su cumplimiento por una o las dos partes.

Lo que sucede actualmente es que se ha confundido el tema y los pueblos originario campesinos, por efectos de la política o de la mala aplicación de las leyes que realizan abogados y tramitadores, tienen la certeza de que el oponerse ya es vinculante y la "muerte de un proyecto minero", sin derecho a ningún recurso, un grave error que debe ser corregido y aclarado por las autoridades, especialmente por el poder Legislativo que ha sido el que ha sancionado la Constitución Política del Estado y que puede interpretarla correctamente, y si no es así será el Tribunal Constitucional el que tendra la obligación de hacer cumplir las normas inscritas en la Carta Magna.

Actualmente las oposiciones a las peticiones mineras no se dirigen a defender el medioambiente de las poblaciones originario campesinas, sino al deseo de éstas de convertirse en "sujetos de derecho minero", aunque afecten a lo que deberían defender, pretendiendo que la palabra NO sea vinculante.

Para este caso en las Comunidades Indigenas les da derecho "A la participación en los beneficios de la explotación de los recursos naturales en sus territorios", participación que se traduce a través de las regalías que pagan los actores mineros y no a convertirse en "sujetos de derecho minero", como se quiere estatuir en la nueva Ley Minera.

EMPLEO EN EL SECTOR MÍNERO AUMENTÓ 21.8% EN LOS PRIMEROS OCHO MESES DEL 2011

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) reportó que el empleo en el sector minero aumentó en 21.8% entre enero y agosto del 2011, con relación al mismo período del 2010.

“El crecimiento de la inversión en la actividad minera ha determinado como un positivo efecto una mayor generación de empleo bien remunerado y la minería ha dado trabajo a un total de 183,371 personas en ese período”, indicó.

Tanto en la etapa de exploración como de explotación la minería ofrece oportunidades de empleo adecuadamente valorado a profesionales de diversas especialidades, así como a personal con calificación técnica, señaló.

Del total de personal ocupado en la minería, 67,068 trabajadores están en las planillas de las empresas mineras, mientras que 116,303 pertenecen a empresas contratistas.

PERÚ, SEGUNDO MEJOR PAÍS PARA INVERTIR EN LATINO AMÉRICA

Perú es el segundo mejor país para hacer negocios en Latinoamérica,y el número 42 a nivel mundial, según la revista estadounidense Forbes, que publicó su ranking anual de 134 economías evaluadas en el mundo.

De esta manera, nuestro país escala siete puestos con relación al año pasado, en el que ocupó el lugar 49. Dentro de la región, solo Chile es considerado una mejor plaza de inversiones, al ubicarse en el lugar 24.

Brasil, en cambio, solo alcanzó el puesto 10 en la región y el 72 a nivel mundial, pese a que es una de las economías más fuertes de Latinoamérica.

De acuerdo con la lista de Forbes, Canadá es el mejor país para hacer negocios, seguido por Nueva Zelanda (2), Hong Kong (3), Irlanda (4) y Dinamarca (5). Estados Unidos se ubicó en el puesto 10 de todo el mundo.