FALLO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE EL PROYECTO MINERO CONGA ESTABLECE COMPENSACIONES

El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Álvarez Miranda, afirmó que el reciente fallo sobre el proyecto minero Conga estableció que las inversiones mineras deben compensar e indemnizar adecuadamente a las comunidades que puedan ser afectadas en su ejecución.

Agregó que la sentencia también tuvo como finalidad el establecimiento de unmarco conceptual con el cual un proyecto minero a futuro puede ser declarado viable o no.

Álvarez Miranda sostuvo que la sentencia que declaró la inconstitucionalidad de una ordenanza regional contra el proyecto Conga, ha establecido un conjunto de principios en los cuales debe sustentarse cualquier proyecto minero en el futuro, y evitar así mayores conflictos en torno a la actividad extractiva en el país.

“Y el más importante es el principio de coparticipación de las regiones para que las comunidades y pobladores de lugares aledaños que puedan verse directamente afectados por un proyecto, deben ser convenientemente recompensados e indemnizados por la empresa y el Estado”, subrayó.

Por ejemplo, mencionó la importancia de que los afectados reciban tractores, fertilizantes, transportes, capacidad de inversión, y la seguridad de contar con un elemento básico para la vida humana: el agua.

Además, dijo que la decisión del TC dejó en claro que un gobierno regional no puede invalidar un proyecto de gran minería que le corresponde a la política gubernamental y a la política de estado.

Recordó que la Constitución define al Perú como un país unitario, con un gobierno central encargado de normar la mediana y la gran minería; mientras que los gobiernos regionales tienen la responsabilidad sobre la pequeña minería y el combate de la minería informal.

También desestimó que pueda prosperar la anunciada denuncia contra el Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El magistrado reconoció que en principio, todo ciudadano tiene derecho de llegar al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pero cumpliendo con algunos requisitos previos, como el agotamiento de instancias nacionales en el Poder Judicial y el mismo TC.

“Yo le encuentro algún nivel de dificultad porque ni el Poder Judicial ni el Tribunal Constitucional han sido consultados en algún reclamo del gobierno regional ni de algún conjunto de pobladores de Cajamarca en torno a la protección de sus derechos fundamentales”, indicó.

Señaló que el fallo del TC sobre el caso Conga es resultado de la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Ministerio Público contra la ordenanza del gobierno regional de Cajamarca, presidido por Gregorio Santos.

Finalmente, explicó que el Tribunal ha fallado contra la demanda de inconstitucionalidad del tratado de libre comercio (TLC) con la República Popular China por un principio de “proporcionalidad y racionalidad”.

Refirió que un grupo de excongresistas cuestionaban el TLC porque no había sido publicado en el Diario Oficial El Peruano, como requisito para su vigencia, pero mencionó que el texto tenía miles de folios que requerían un presupuesto extra para publicarse.

“El Estado, a través del Ministerio de Comercio, publicó en su página web este conjunto de tratados. La pregunta era si resultaba suficiente la difusión en la página web, y el TC dijo que sí. En todos los problemas de derecho constitucional, opera siempre el principio de proporcionalidad y de racionalidad. Es decir, por pegarnos a una norma, no podemos 

LA OPINIÓN DEL EDITOR. LECCIONES DE LA MINERÍA DE CANADÁ

Sin duda alguna los conflictos sociales que se presentan en el desarrollo de la minería atrasan el avance económico del país, curiosamente este es un problema regional que no solo se presenta en el Perú sino también en nuestros vecinos países, que a medida que su desarrollo minero crece, también lo hacen sus problemas sociales aun cuando el desarrollo que Empresa Minera trae para las comunidades aledañas es evidente, pero este problema sin duda es por una DESCONFIANZA POR FALTA DE DIFUSIÓN INFORMATIVA en lo que respecta a nuestro país, pero analicemos entonces al primer productor del mundo en la minería... Canadá. y sus políticas de crecimiento económico, las claves de la extraordinaria competitividad del sector extractivo canadiense están basadas en una gran seguridad del sistema financiero.
En la VI Cumbre de las Americas el Primer Ministro Stephen Harper de Canadá ante el foro empresarial de  el pasado 14 de abril.

Afirma, sin ningún temor que “el sector de los recursos (naturales) es de vital importancia para asegurar una sólida creación de empleo y crecimiento económico para Canadá”.

Soporta esta afirmación con unas cifras verdaderamente impresionantes como que el solo sector minero aportó US$50 billones al PIB canadiense en el 2011; que son el productor número uno de potasio en el mundo, el segundo de uranio, y a la vez son uno de los mayores productores globales de gran parte de productos mineros y energéticos.

Indica, además, que el ramo ocupa directamente a más de 300.000 canadienses muy bien remunerados, siendo a su vez una industria intensiva en capital, tecnología y conocimiento, que maneja más de US$200 billones en activos y que a su vez aloja en la bolsa de Toronto a más del 60% de las compañías del mundo dedicadas a la exploración y la minería.

No obstante lo anterior, decidieron que el aprovechamiento racional y cuidadoso de sus recursos naturales era perfectamente compatible con el respeto a esas comunidades diversas, a ese medioambiente rico y maravilloso y que para hacer todo eso compatible decidieron implementar unas sólidas instituciones que regulan correctamente, que supervisan de manera adecuada y que exigen unos estándares importantes para las empresas que quieran participar en el sector.

Como resultado: las cifras impresionantes que manifiesta el Primer Ministro en su discurso.

Casualmente, no dijo una sola palabra relacionada con la ‘maldición de los recursos’ y, de hecho, no es Canadá un país que sufre de esa enfermedad, por supuesto, son ellos conscientes de que la enfermedad no la genera el que produce los recursos (la minería), sino el que los utiliza de manera equivocada.

Tampoco vi que mencionara que el Estado canadiense invierte enormes recursos en la minería, ni mucho menos despotricó de ninguna actor extranjero, imagino que con tamaña claridad, también son conscientes de que el patrimonio público está mucho mejor y más seguramente invertido en la oferta de bienes públicos y, por tanto, procuran atraer la inversión privada para que se haga cargo de las inversiones necesarias en medio de los altísimos riesgos que tiene esta industria.

El Primer Ministro indica que las claves de la extraordinaria competitividad del sector extractivo canadiense están “basadas en una gran seguridad del sistema financiero, la solidez de las políticas macroeconómicas, la apertura y transparencia de las instituciones gubernamentales, y la estabilidad del sistema político parlamentario”, y frente a los inversionistas anuncia, de nuevo –sin ningún temor– que “al final, la estrategia que ha funcionado para Canadá, ha sido un régimen impositivo predecible y de bajas tarifas”, y remata diciendo, “nuestro Gobierno entiende que impuestos bajos y predecibles animan a los empresarios a hacer negocios..

Frente al tema ambiental, nos trae una lección maravillosa: han decidido eliminar el traslape entre las facultades de los diferentes actores del sistema ambiental canadiense “específicamente, nosotros pretendemos eliminar la duplicidad entre departamentos y el traslape con los gobiernos provinciales. En otras palabras: ‘un proyecto, una revisión’”.

Son conscientes de la necesidad de tomar todas las precauciones necesarias, pero esa preocupación no legitima la falta de decisión, ni el atraso en el licenciamiento y en las revisiones por parte de las autoridades estatales.

¿Cuándo entenderemos estos simples principios de atracción de inversión, intervención estatal, regulación y supervisión para el correcto desarrollo de un sector que a pesar de todos sus enemigos está generando los recursos para los requerimientos del Gobierno, está produciendo empleo y desarrollando infraestructura, incorporando tecnología y arriesgando enormes sumas de dinero en nuestro país?

¿Cuándo le permitiremos a los mineros que se encarguen de sus operaciones incorporando las mejores prácticas y no tengan que desgastarse atendiendo, en las más de las veces, injustas agresiones de todo tipo?, ¿cuándo podrá el Perú entender que este sector puede ser la clave de su desarrollo, el generador de la riqueza que se necesita?, y ¿cuándo entenderemos que la culpa de las desgracias que se le asignan no debería recaer en el origen de los recursos que genera, sino en su mala utilización?

PERITOS PROPONEN PRESERVAR 2 DE LAS 4 LAGUNAS DEL PROYECTO CONGA

Los peritos que evaluaron el impacto ambiental del proyecto Minas Conga en Perú recomendaron mantener dos de cuatro lagunas que serían afectadas por su desarrollo y elevar la capacidad de los reservorios de agua previstos, medidas que elevarían el costo del millonario plan detenido por el rechazo de pobladores.

El proyecto de oro y cobre, que requiere un desembolso de 4.800 millones de dólares y que de ser desarrollado sería la mayor inversión minera en la historia de Perú, es de la estadounidense Newmont y la local Buenaventura.

Ubicado en la norteña región de Cajamarca, el plan fue suspendido en noviembre tras violentas protestas que dejaron varios heridos y generaron la primera crisis del Gobierno con el cambio de varios ministros del presidente Ollanta Humala.

Para superar la crisis, el Gobierno contrató a tres peritos extranjeros para evaluar las aguas del subsuelo y superficiales en la zona, y revisar la calidad de los programas de mitigación ambiental presentados por las empresas en su estudio ambiental.

El documento, entregado en la víspera por los expertos y que

fue revelado el miércoles, presenta recomendaciones resumidas en siete puntos, dos de los cuales abordan la preservación de dos lagunas y un aumento en la capacidad de los reservorios.

Se recomienda "evaluar técnica y económicamente alternativas de reubicación o desplazamiento de los desmontes del tajo Perol para tratar de evitar que recubran a las lagunas Azul y Chica, dada su importancia", menciona el documento de unas 260 páginas.

Las empresas planifican trasvasar el agua de cuatro lagunas -Mala, Chica, Azul y Perol- hacia tres reservorios que se construirán cerca del lugar de origen de las mismas.

Asimismo, tienen previsto depositar la roca removida sobre la laguna Azul.

MAYORES COSTOS

El ministro de Ambiente, Manuel Pulgar, reconoció que el adecuarse a las recomendaciones de los peritos elevará los costos de Minas Conga, que produciría entre 580.000 y 680.000 onzas de oro anuales en sus primeros cinco años.

"Hay recomendaciones que pueden ser de menor costo (...) y otras que puedan ser de mucho más costo, como por ejemplo elevar el reservorio del exterior para abastecer más volumen de agua", dijo el ministro, quien aclaró que el Gobierno no ha fijado plazos para evaluar exhaustivamente el documento.

"Le tocará a la empresa tomar una decisión. Pero al Estado también le toca poner unas condiciones", agregó a periodistas.

Los pobladores de Cajamarca rechazan Minas Conga por temor a que su desarrollo afecte las fuentes de agua de la zona, que vive principalmente de la agricultura y ganadería.

Newmont afirma que su estudio ambiental, aprobado en el 2010 por el anterior Gobierno, cumple con los más altos estándares pues planea almacenar agua de las lagunas en reservorios para que los pobladores cuenten con el recurso todo el año.

Tanto Newmont como Buenaventura no han comentado sobre el tema, pero a comienzos de mes el presidente ejecutivo de Buenaventura, Roque Benavides, dijo a Reuters que cumplirán con las exigencias solicitadas para avanzar con el proyecto.

Perú, que es el segundo mayor productor mundial de cobre, plata y zinc y el sexto de oro, tiene a la minería como uno de los motores de su economía, dado que sus exportaciones representan el 60 por ciento de los envíos totales.  

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SOLO SERA REFERENCIAL PARA PROYECTO CONGA

El peritaje al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero Conga, en la región Cajamarca, con o sin los resultados del peritaje Conga al parecer el proyecto se concretara.  Los términos de referencia para la contratación del servicio de peritaje al EIA del proyecto Conga, determinado por el propio Estado señalan que este servirá apenas para “identificar y proponer las medidas que permitan el mejoramiento de las acciones de mitigación de los impactos ambientales del proyecto minero Conga”.

Además señala el documento que se “determinará si las medidas de mitigación planteadas en el IEA del proyecto Conga mitigan suficientemente los impactos al agua que se genera en la zona y en las microcuencas para establecer las mejoras y de corresponder proponer alternativas que permitan generar mayor disponibilidad de agua (…)”.

El gobierno con total claridad convocó a un peritaje a la medida de Yanacocha. En este no se señala la pertinencia de la posibilidad de un proyecto de esta naturaleza en la región y menos se señala si esta evaluación permitirá más “luces” respecto a su viabilidad.

Hasta el momento la incertidumbre es grande. No se sabe si mañana lunes o el martes el gobierno hará público el informe. Sin embargo poco se espera de este peritaje que a grandes rasgos señalará la posibilidad de Conga, siempre y cuando, Yanacocha mejore determinados aspectos técnicos para su ejecución.

El presidente Ollanta Humala señaló su “aliento” en la VI Cumbre de las Américas en Colombia, con el fin de atraer mayores inversiones extranjeras para el país.

Recordó que el Perú cuenta con una gran cantidad de recursos naturales, oro, plata, entre otros, pero sin inteligencia este sirve de poco.

“Tenemos recursos, y nuestra historia lo dice. Hoy es lo mismo. Donde ustedes escarben encontrarán oro, plata o gas. Pero si no hay inteligencia o educación, esto se pierde y ya estamos cansados de oportunidades perdidas”, dijo Humala como previendo el futuro del proyecto Conga.

DESPUÉS DE EVALUAR PLAN DE REESTUCTURACIÓN, DOE RUN SERA LIQUIDADA

Los acreedores de la productora de metales Doe Run Perú rechazaron un plan de reestructuración presentado por la empresa para reiniciar operaciones en la  fundidora de La Oroya, informo, Jorge Merino Tafur.Ministro de Energía y Minas. 

En un último Plan presentado por la Empresa se sostuvo que  era “inviable,” por lo que el grupo puso en marcha la liquidación de la empresa, señaló la representante legal del ministerio, Rosario Patiño, tras la reunión de los acreedores.

Esta decisión no significa el cierre definitivo de La Oroya, agregó Patiño.

Doe Run Perú, filial de la compañía Renco Doe Run, con sede en Missouri, EE.UU., continuará operando mientras que la junta de acreedores analiza la situación y toma una decisión final, explicó la ejecutiva.

En lugar de haber tomado esta decisión, los acreedores –entre los cuales se incluye el propio gobierno peruano- podrían haber decidido cerrar la compañía que está casi en la bancarrota, dejando sin empleo a sus aproximadamente 3.000 trabajadores.

Otra solución podría haber sido reiniciar las operaciones en La Oroya bajo otro operador, como lo han venido sugiriendo distintas autoridades esta semana. Una alternativa a la que se le opone totalmente la comunidad, los grupos medio ambientales y las ONG.

Doe Run Perú tiene como máximo un año para la entrega de un nuevo plan. De ser aprobado, podría reabrir la planta inmediatamente.

Las dificultades financieras debido a la crisis económica mundial, forzaron a la compañía a suspender sus operaciones en el 2009, sin haber completado el citado programa de limpieza medio ambiental.

Construida en 1922 por la Corporación Cerro de Pasco y adquirida, por medio de un proceso de privatización, por Doe Run, la planta producía 11 metales incluyendo cobre, zinc, plomo y plata.

PROYECTO DE LEY PARA INCLUSIÓN SOCIAL DE MINERAS EN ZONA DE PROYECTOS

El Poder Ejecutivo se encuentra evaluando la posibilidad de solicitar a futuro a las empresas un plan con actividades concretas para impulsar el desarrollo e inclusión en la zona de influencia de un proyecto minero, señaló el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal.

Indicó que este nuevo concepto busca impulsar la inversión minera pero correspondida con acciones concretas, y sería una exigencia similar a los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y refirió que esta es una propuesta formulada por el presidente Ollanta Humala.

“De esa manera podemos lograr que la actividad minera se desarrolle y se reduzcan los niveles de conflictividad”, manifestó en RPP.

A su juicio, este plan de desarrollo e inclusión debe ser aprobado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión.

De otro lado, advirtió que quienes no se acojan al proceso de formalización e incumplan con la presentación de su carta de compromiso en un lazo de 60 días, deberán abandonar el corredor minero en Madre de Dios y pasarán a convertirse en mineros ilegales.

Sostuvo que el Ministerio del Ambiente prepara una guía sectorial para el control de la minería ilegal en aras de dejar muy claro las tareas que debe cumplir cada sector para llegar a un proceso de formalización.

LOTE 88 DESTINADO PARA EL CONSUMO INTERNO

La recuperación del gas del Lote 88 de Camisea para el consumo nacional es una realidad innegable y reportará un beneficio concreto para los peruanos, tanto en lo económico como en el cuidado ambiental

“El mercado interno gana ahora 2.5 TCF que antes estaban cautivos como garantía para la exportación”, resaltó.

Para lograr esto, se ha trabajado “bajo un concepto de equidad”, buscando la satisfacción de ambas partes y subsanando lo que calificó como “un arreglo absolutamente desequilibrado en contra del Estado peruano. Esta situación desfavorable para los intereses peruanos era consecuencia del acuerdo de gestiones pasadas de no destinar las reservas de gas del lote 88 al mercado interno, pese a que inicialmente esa era la intención.

“El gobierno anterior hizo muy poco en el sentido de mejorar esto”, además la “recuperación efectiva” del recurso natural permite que se haga factible la construcción del gasoducto andino del sur, al cual “le faltaba un trillón de pies cúbicos (TCF) de gas para tener la cantidad mínima que permitiera iniciarlo”.

Asimismo, a medida que este recurso llegue a los puntos de suministro para el consumo directo de la población, irán abaratándose los costos y se irá reemplazando los derivados de petróleo actualmente utilizados. Algunos de ellos, como el petróleo diesel, utilizado en el transporte público, “tiene un alto contenido de azufre” que propicia la emisión de dióxido y trióxido de carbono, dañando la salud de quienes lo absorben..

La explotación del lote 88 era materia de una ley (la 27133, de promoción del desarrollo de la industria del gas natural) “en la que se establecía que el mercado interno tenía la preferencia” y que la exportación se daría con aquellas reservas que quedasen luego de haber satisfecho la demanda local durante los primeros 20 años.

Sin embargo, se fueron modificando las condiciones de los contrarios iniciales hasta la decisión de que se exportarían las reservas del lote 56 “pese a que este inicialmente estaba destinado para la reserva estratégica, es decir, para cualquier emergencia derivada de lo que pudiese ocurrir de manera imprevista con el lote 88.

Con tal fin fue modificándose todo el marco legal existente “y se emprendió un procedimiento que careció de transparencia ya que no se dijo que es lo que se estaba persiguiendo realmente”.

Los detalles de esto “fueron ocultados a la opinión pública, y con eso se modificaron los contratos del lote 88 y se separó una cantidad de sus reservas para la exportación”. Es por ello que en los años siguientes, cuando hubo empresas que pidieron que se les suministre gas, se les dijo que no había suficiente.

“Desde 2007 a varias empresas que pidieron gas no se les dio, y a otras se les planteó condiciones inaceptables para ahuyentarlas. Esto quiere decir que el gas de ese lote no estaba disponible para el mercado interno porque estaba guardándose para exportarlo”

En la práctica, estas “eran reservas inmovilizadas que estaban bajo caución; como una ‘garantía’”.