Hasta el momento sólo existe una simple un acta de compromiso entre un representante del gobierno y la Sociedad Nacional de Minería, petróleo y Energía, por lo que eso no garantiza en nada el aporte de las mineras a través de la figura del gravamen.
“El documento no tiene forma de norma legal que establezca la obligatoriedad del acuerdo tomado, aunque debería formalizarse lo antes posible”. el acuerdo debería de aplicarse a partir de setiembre.
De promulgarse la norma, el Estado se asegura que entrará un flujo de al menos 30,000 millones de dólares de inversiones en los siguientes cinco años”. El 40% de los ingresos del Estado peruano provienen de la minería.Además, los contratos de estabilidad jurídica fueron muy importantes para poder lograr que voluntariamente las empresas mineras accedieran a este nuevo régimen.
El Gobierno ha logrado también corregir ciertas distorsiones del esquema actual que era un esquema bastante regresivo, y que el acuerdo servirá para dotar de recursos al Estado peruano y para apuntalar la estructura jurídica en que se desarrolla la actividad minera en el país.

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