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miércoles, 14 de marzo de 2012

CREACIÓN DE LEYES PARA EL CONTROL DE MINERÍA INFORMAL GENERA CONTROVERSIAS

 A la polémica sobre recientes decretos legislativos que buscan controlar la minería informal en Perú se une hoy el fracaso de una reunión entre líderes de ese sector y el Gobierno.

  El encuentro de los mineros ilegales de la sureña región Madre de Dios con una delegación gubernamental, pactado en principio para ayer lunes, fue suspendido por desacuerdo en el número de participantes.

Según el presidente de la Federación Minera de Madre de Dios, Luis Otsuka, la comitiva oficial sólo permitió la presencia de dos asesores y se negaron a autorizar el ingreso de más personas a la reunión.

El ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, propuso pasar la cita con los mineros para el viernes 16 tras asegurar que el Gobierno "le dará la mano" a los que quieran formalizarse.

La proyectada reunión marcó el viernes pasado la suspensión temporal de un paro indefinido iniciado por los mineros ilegales de esa zona de la Amazonía en protesta contra los nuevos decretos legislativos.

Movilizaciones y bloqueos de carreteras formaron parte de la medida de fuerza de los mineros que ven en la iniciativa gubernamental una forma de penalizar la minería haciéndola ilegal.

El Gobierno de Ollanta Humala dispuso una serie de regulaciones para controlar la interdicción de la minería ilegal en el país que establece disposiciones complementarias para el ordenamiento de esa actividad.


También comprenden sanciones contra quienes financien la minería ilegal u obstaculicen la fiscalización administrativa referida a la venta y distribución de insumos y maquinarias de extracción. 
En virtud de los nuevos decretos, queda prohibido el uso de dragas y de sustancias que contaminen los sistemas de irrigación o aguas destinadas al consumo humano.


Las autoridades responsabilizan a la minería informal y a la búsqueda indiscriminada de oro con el actual proceso de erosión que sufren ríos y afluentes donde se vierte mercurio y cianuro.

Esa actividad, que se asocia en muchos casos al crimen organizado, ha provocado daños irreparables a la flora y la fauna selváticas y afecta la salud de las comunidades indígenas que habitan la Amazonía.

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