A partir de hoy entran en plena vigencia los cinco decretos legislativos, expedidos por el Gobierno el pasado 29 de febrero, para poner fin a la minería ilegal que opera en Madre de Dios, Puno y otras 19 regiones del país y propiciar la legalización de las actividades de los mineros informales y artesanales que también se enmarcan fuera de la ley. En consecuencia, las autoridades aplicarán el decreto legislativo 112, que modifica el artículo 307 del Código Penal, instituyendo el delito de minería ilegal.El fiscal superior y coordinador de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental, Antonio Fernández Jerí, ha solicitado una efectiva y rápida coordinación con las autoridades e instituciones involucradas en esta tarea, y ha anunciado que ya fueron notificadas y puestas en alerta 100 fiscalías en más de 35 despachos para que se inicien las acciones de interdicción.
Sin embargo, los actos de violencia y vandalismo instigados y financiados por las mafias mineras ilegales en Puerto Maldonado, que han dejado un saldo doloroso e irreparable de tres muertos, numerosos heridos, así como cuantiosos daños a la propiedad pública y privada, no han hecho sino crear una situación de caos y rebeldía que no será tolerada por las autoridades legalmente constituidas.
En la jornada de ayer, felizmente, han ocurrido hechos que permiten augurar que, pese a todo, se impondrán la razón y la cordura, y que la vía democrática del diálogo posibilitará encontrar las soluciones más adecuadas al grave problema de la minería ilegal.
Los mineros ilegales que alientan el paro en Madre de Dios han suspendido la medida que ha desatado los violentos desmanes.
Las autoridades gubernamentales han ratificado que prosiguen abiertas las puertas del diálogo con las autoridades y representantes gremiales de dicha región, y que ya está instalada un comisión especial para facilitar el proceso de legalización para los pequeños mineros y los artesanales.
Eso sí, el presidente del Consejo de Ministros, Óscar Valdés Dancuart, ha reafirmado que el Gobierno mantiene una "actitud firme y sin retroceso" frente a la minería ilegal, como parte de un trabajo decidido contra la ilegalidad, de protección del medioambiente y de amparo a los explotados por esa actividad.
El apoyo de todas las bancadas del Congreso de la República al Gobierno en esta lucha a favor de los intereses de la nación, también refleja la unidad de voluntades y criterios que también lo han manifestado los gobiernos regionales y las municipalidades de todo el país.
Al informar al Parlamento Nacional sobre las acciones del Gobierno frente a los graves hechos de Puerto Maldonado el ministro del Interior, Daniel Lozada, fue muy claro al precisar que el Ejecutivo enfrenta a la minería ilegal con las "herramientas de la democracia" y con pleno respeto al debido proceso y el orden constitucional.
A favor del diálogo, el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, ha afirmado que la diferencia entre la minería ilegal y la informal es clara, y que la legalización de los mineros informales se hará en forma ágil y simplificada; además de otorgarles a quienes se incorporen asesoramiento técnico para que desarrollen su labor con mayor eficiencia. La ley debe imponerse; el Perú está unido contra la minería ilegal.
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